Los ciudadanos no están obligados a tener DNI para no atentar contra su intimidad, pero los millones de cámaras instaladas en cada rincón del país graban cada uno de sus movimientos. A partir del 15 de marzo, los e-mails que reciban y envíen también, quedarán registrados en este extraño tándem de "seguridad y respecto a la vida personal de cada uno".
Los proveedores tendrán que poner los detalles de cada uno de los correos electrónicos (también los recibidos) a disposición de cualquier organismo público que formule una solicitud legal para consultarlos. Esto incluye a Policía, los consejos locales y las autoridades sanitarias.
El Ministerio del Interior insiste en que la legislación va a permitir a los investigadores "identificar a sospechosos, examinar sus contactos, establecer relaciones entre los conspiradores y colocarlos en una ubicación específica en un momento determinado". Y es que pese a las críticas su intención no es quedarse ahí. Con el llamado Programa de Modernización de la Interceptación, el Gobierno podría llegar a crear una base de datos central para reunir información detallada sobre cada SMS, correo electrónico enviado, llamada telefónica recibida y sitio web visitado por cada individuo. La consulta para llevar a cabo este plan podría comenzar a finales de este año.
¿Y si se vuelve a perder la base de datos que guarda toda esa información como ya ha ocurrido en tres ocasiones en las que el Ejecutivo ha extraviado material confidencial de 25 millones de personas?
No sé si esta medida puede ser un buen objetivo para detener terroristas como asegura el Gobierno británico, pero creo que resulta a simple vista una decisión muy fácil, en la que se arriesga la confidencialidad del ciudadano, habiendo otras vías para tal cometido.
Así que ya sabes, cuidadín con lo que escribes.
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