Mi verdad puede resultar ficticia; mi fantasía puede parecer realidad.
La verdad y la fantasía son como los idiomas, si no se saben interpretar, es difícil comprenderlos.
(Isabel Sánchez)





¡Caramba!, leo la noticia que dice que la Guardia Civil ha registrado el mes pasado el despacho profesional del arquitecto Carlos Morales, esposo de Alexia de Grecia, sobrinos de la Reina Sofía, en el marco de la Operación Unión, en la que hubieron once detenidos. Morales no se fué imputado siendo desconocidos los motivos de este registro.
La redada anticorrupción en Arrecife (Lanzarote) se inició el mismo día con la detención de una decena de miembros de la corporación municipal cargos de confianza y técnicos del Partido Independiente de Lanzarote (PIL), en coalición con el PSOE canario en numerosas instituciones insulares, entre otras en el Cabildo.
El despacho del arquitecto Carlos Morales, situado en la urbanización turística Puerto Calero, ha sido registrado, sin que se conozcan los motivos precisos. Morales no tiene relación directa con el Plan General, aunque sí con otro tipo de actuaciones propias de su profesión, como el reciente encargo recibido de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias de elaborar el proyecto de nuevo Palacio de Congresos para Arrecife.
Carlos Morales se ha beneficiado de importantes adjudicaciones, después de regresar de Barcelona a Canarias con su esposa. En la capital catalana frecuentaban los círculos de la infanta Cristina y de Iñaki Urdangarín.
La Consejería de Turismo, cuya titular, Rita Martín (PP) es de Lanzarote, le adjudicó recientemente un importante proyecto.
La responsable del Área de Turismo del Gobierno de Canarias también manifestó la alta calidad de todos los proyectos presentados y resaltó como una de sus prioridades el que Canarias disponga de todas sus infraestructuras de calidad para potenciar el turismo de congresos en las Islas y aunar esfuerzos trabajando en una única dirección, agentes públicos y privados del sector.
Y no comprendo por qué tiene que ser tan escandalizante este descubrimiento; en la península, porque en la isla todos conocen los privilegios que goza el arquitecto, por ser un célebre esposo, si la Casa Real se favorece de muchos regalos y negocios turbios. No debemos olvidar el escándalo que supuso el encarcelamiento de los dueños de la empresa Comercializadora Peninsular de Viviendas, por estafar a 1.200 madrileños al vender Juan Carlos la casa de su padre.
Dos familiares del Rey, Bruno Alejandro Gómez Acebo y Marcos Gómez Acebo, hijo y sobrino, respectivamente, de la infanta Pilar de Borbón, intermediaron en la venta de Villa Giralda, la finca que fue residencia en Madrid de Don Juan de Borbón, padre del monarca, a cambio de una comisión de 1,5 millones de euros (248,4 millones de pesetas).
El precio de venta fue de 2,7 millones de euros (450 millones de pesetas), por lo que la comisión representó un inusual 55,5% sobre el total.
La transacción se formalizó el 21 de febrero de 2002 con la entrega de tres cheques al portador de 901.518,16 euros cada uno tanto al Rey como a sus dos hermanas, Pilar y Margarita.
El comprador fue Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV), empresa implicada en una espectacular estafa inmobiliaria que afectó a más de 1.200 personas. En total, comisiones incluidas, CPV desembolsó 4,2 millones.
Los honorarios cobrados por los Gómez Acebo se instrumentaron en cuatro pagos, según documentación de CPV a la que ha tenido acceso 20minutos.es.
Bruno Alejandro Gómez Acebo y Borbón, sobrino del Rey, recibió personalmente 200.000 euros y la empresa de la que es administrador único, Gómez-Acebo Consultores Inmobiliarios S.L., otros 636.472 euros.
Marcos Gómez Acebo ingresó 250.000 euros y su sociedad, Gómez Acebo Internacional Group, S.L., 407.485.
Bruno Alejandro es administrador y socio de Labiernag 2000, la sociedad de inversión colectiva (sicav) desde la que Pilar de Borbón, hermana del Rey, canaliza sus inversiones.
Las sicav son las entidades favoritas de las grandes fortunas para colocar su patrimonio y disminuir notablemente su factura fiscal.
Preside una promotora inmobiliaria radicada en Melilla -Inmomelilla Obras y Promociones, S.A.- y es administrador único de Easy Flat, empresa domiciliada en Madrid y dedicada a estudios de mercado.
Marcos Gómez Acebo es presidente de Sociedad Anónima de Comunicación y Publicidad (Saco) y consejero delegado de Lietama Comunicación Integral y Xelios Biometrics, una firma dedicada a la informática, según indica su objeto social.
Es también administrador de una promotora inmobiliaria, Compañía Urbanizadora del Coto, y de una firma de transporte de mercancías, Urbanhop.
Para la compra de la propiedad, un chalet de 871 metros cuadrados construido en una parcela de 4.230 metros, CPV obtuvo un crédito de Ibercaja, entonces presidida por Manuel Pizarro, hoy diputado electo del PP.
Fue la última adquisición de la sociedad. A la firma de la escritura CPV estuvo representada por los hermanos Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, actualmente en prisión.
Las partes implicadas no se quieren pronunciar
20 minutos trató ayer de recabar de manera infructuosa la versión de Bruno Alejandro Gómez Acebo, mientras que Marcos Gómez Acebo rehusó efectuar comentario alguno.
Por su parte, un portavoz de la Casa Real manifestó que se trataba de un tema privado de la Familia Real, de los que nunca realiza comentarios.
CPV, una estafa de 25,7 millones
La Justicia ha cifrado en 25,17 millones de euros el quebranto económico que los administradores de CPV causaron a los más de 1.200 afectados por la estafa.
Los perjudicados pagaron entre 300.000 y 500.000 pesetas de señal y otro millón como entrada por pisos en el norte de Madrid que nunca se construyeron.
Ocho años después de que se presentara la primera denuncia, la Audiencia de Madrid condenaba el 14 de enero de 2008 a Francisco García Moreno, Francisco Javier y Miguel Ángel García Sánchez, Miguel Ángel Morillo, Adelina Erles y Alfredo Vázquez a penas de entre siete y dos años por varios delitos de estafa.
El representante de la moral del pueblo, intocable e inviolable para la prensa, la política y el pueblo e inmune para las leyes.

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